El modelo neoliberal propuesto como salida de la actual crisis, cuyo ejemplo es la reforma laboral del Partido Popular, obliga a reflexionar sobre las consecuencias que la práctica de ese modelo económico tendrá sobre la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras y la salud pública en general.
La OIT afirma que la falta de prevención de los riesgos en los puestos de trabajo supone cada año una cantidad de gasto en las empresas equivalente al 4% del PIB mundial en atención sanitaria, rehabilitación e invalidez; además de las indemnizaciones consiguientes. Por cada euro que se invierte en prevención, se rentabilizan 2,2 euros, según la conclusión del estudio de la Asociación Internacional de la Seguridad Social.
Las medidas de ajuste son ineficaces en el fomento de la iniciativa económica para la creación de empleo y son injustas en lo social, aumentando las desigualdades. El absentismo no es la causa de la falta de competitividad de las empresas, aunque hoy se pretende convertirla en el punto de atención para introducir más recortes para las personas que pierden la salud. La falta de derechos y los recortes pueden convertir a los centros de trabajo en factores de debilitamiento de la salud de los trabajadores y trabajadoras; además, culpabilizando a quien no puede acudir justificadamente a su puesto de trabajo por enfermedades y accidentes no laborales, facilitando su despido objetivo. El Gobierno ha venido a legislar de modo que a un/a trabajador/a con 45 jornadas en dos meses, en un turno de lunes a viernes, si falta de 9 a 20 días, de manera justificada (por una enfermedad común o accidente no laboral), podrá ser víctima de un despido objetivo (20 días de salario con un máximo de 12 mensualidades).
En septiembre de 2008 se produjo el hundimiento del banco de inversión Lehman Brothers, simbólico inicio de la crisis económica que sacude con especial virulencia a los países periféricos de la Unión Europea y ha debilitado a las economías del bienestar, donde se ha optado por modelos neoliberales de afrontamiento, en lugar de modelos keynesianos de intervención pública. Desde entonces, se nos bombardea continuamente con el discurso de que para salir del pozo de la recesión es necesario el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, las políticas de marcado carácter liberal puestas en marcha por la Comisión Europea y por los Gobiernos de la UE, lejos de recuperar la economía y reforzar el carácter social de Europa, suponen una agresión contra la clase obrera de proporciones desconocidas en las últimas décadas y una auténtica regresión social.
Durante estos años, los trabajadores españoles y europeos hemos perdido empleos, hemos disminuido nuestro poder adquisitivo, hemos visto cómo se recortaban los servicios que proporcionaba el Estado del bienestar y sufrimos recortes sin precedentes en nuestros derechos sociales, cuyo último capítulo, y desgraciadamente creemos que no definitivo, es la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las medidas unilaterales que ha adoptado el Gobierno amparándose en la situación económica y bajo la denominación de reformas estructurales, cuando deberían decir de transformaciones sociolaborales, nos abocan a la precariedad más absoluta. Las organizaciones sindicales hemos venido alertando de que la temporalidad y la precariedad están directamente relacionadas con la siniestralidad laboral; las condiciones de trabajo son un aspecto esencial que incide de forma directa en la producción de daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras y en su prevención.
En estos momentos en que lo que debería buscarse es la eficiencia y la eficacia en las cuentas del Estado, nos encontramos con otro gran hachazo a los intereses laborales y sociales de los españoles, ya que los Presupuestos Generales del Estado, que acompasan su trámite parlamentario con el del real decreto-ley de reforma laboral más dura de la democracia, traerán menos trabajo y este será de inferior calidad, además de más discriminación de género en el acceso al mismo y un empeoramiento brutal de las condiciones de la educación y sanidad públicas, que aportarán más desigualdades.
La actual crisis tiende a la exclusión de colectivos como los desempleados de larga duración, los jóvenes que no han podido integrarse en el mercado de trabajo, los inmigrantes y las personas con dependencia, ya que les merma la posibilidad del acceso a un trabajo digno y con derechos.
Nos tememos que la salida de la crisis se verá acompañada de un mercado de trabajo marcado por la temporalidad, la subcontratación, las jornadas abusivas, la imposibilidad de conciliación de vida laboral y familiar, el trabajo a turnos, la falta de experiencia motivada por cambios continuos de puesto de trabajo, reducción de los descansos y, en otros casos, trabajadores que carecen de horarios claramente definidos que provocan intensificación del ritmo de trabajo. En definitiva, por una organización del trabajo autoritaria y discrecional, que nos llevará de nuevo a la máxima precarización del mismo.
El tipo de contrato, los horarios, los turnos, si trabajas cerca o lejos de tu empresa, si tu empresa es una subcontrata, tener un salario insuficiente… pueden tener una incidencia negativa sobre la salud y seguridad de los trabajadores, y así lo han venido demostrando año tras año los estudios que sobre siniestralidad se han desarrollado desde distintos ámbitos.
La violencia interna (en la propia empresa) y externa (ejercida por los recortes del Gobierno) suponen una elevada presión psicosocial que están sufriendo trabajadores y trabajadoras, que se refleja en el estudio de la siniestralidad: la disminución de los accidentes y enfermedades profesionales con baja, mientras aumentan tanto en el caso de los accidentes como en el caso de las enfermedades las declaraciones sin baja.
Ante este panorama, UGT y CC OO apostamos por una salida de la crisis más solidaria, equitativa, justa y que garantice una adecuada protección social, con una fiscalidad progresiva y con reformas en los sistemas productivos que apuesten por la calidad y el valor añadido del factor humano. El Gobierno debería considerar la prevención de riesgos laborales como un factor de calidad y competitividad de las empresas, poniendo en valor la inversión en ello y no planteando políticas de ajuste que comprometan la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Fuente: http://prevencionar.com/2012/05/02/mas-crisis-mas-riesgos/
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